Abstract

Una de las características inherentes al crimen organizado es un mayor o menor grado de captura del Estado por corrupción, pues la penetración de las instituciones estatales le reporta a la agrupación una reducida probabilidad de ser eliminada, y una elevada facilidad para asegurar el éxito de las operaciones delincuenciales. Igualmente, en el mundo del crimen organizado, puede suceder que los servidores públicos hagan parte de las agrupaciones. En ambas tipologías de participación de servidores públicos en las actividades del crimen organizado cabe preguntarse sobre las formas de responsabilidad penal en que incurren los funcionarios que tomen parte en tales conductas. Así, el principal hallazgo de la investigación es que las posibilidades de responsabilidad pueden agruparse en tres universos de casos: los que son dependientes de la calidad de servidor público del agente, aquellos con independencia de esa cualificación, y el evento especial del delito de concierto para delinquir, que es transversal a las dos esferas de casos.

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