Abstract

El presente trabajo tiene por objetivo poner en evidencia la ductibilidad del límite legislativo del poder de fiscalización del empleador. Este es favorecido por el uso de términos abstractos como «razonable y necesario». Dichos términos quedan al arbitrio del empleador para su definición y para justificar la aplicación de medidas de control laboral, como por ejemplo la videovigilancia. La referida ductilidad permite la obtención de evidencia con vulneración del derecho fundamental del trabajador a la protección de datos personales relacionados con su dignidad. Frecuentemente, la evidencia llega a ser relevante —especialmente cuando guarda relación con imposiciones de medidas disciplinarias— y es admitida en el procesal laboral sin ningún filtro adicional. Esto último atenta contra el debido proceso, debido a que permite el ingreso de una prueba ilícita; por consiguiente, se produce una transgresión que también repercute en el uso ineficiente de los recursos disponibles, así como la incorporación de información contaminada al proceso.

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