El artículo plasma la visión personal de su autor, quien tuvo una destacada participación tanto en la formulación del procedimiento para la elaboración de la Carta –la Convención– como en su redacción en tanto que vicepresidente del órgano responsable de acometerla. Tras analizar el estado de los derechos fundamentales en la Unión ante la ausencia de un documento donde estos se plasmaran, el autor reflexiona sobre las causas que motivaron la adopción del mandato, la constitución de una convención que aunara las legitimidades nacional y europea y lasvicisitudes acaecidas durante los casi once meses en los que los convencionales desarrollaron sus trabajos. Analiza el contenido de la Carta, así como las discrepancias sobre su valor jurídico y su plena vigencia antes y después de su integración en el Tratado de Lisboa. Amén de sus recuerdos, el autor extrae las enseñanzas de esta experiencia novedosa para el futuro de la Unión.

El 25 de septiembre de 2023 se produjo la publicación de la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aprobada por el Pleno del Congreso el 21 de septiembre. Este artículo analiza dicha reforma que permite y generaliza el uso de las lenguas cooficiales en el Pleno del Congreso, así como en las diversas comisiones y publicaciones de la Cámara. La realización e importancia de esta investigación trata de analizar el alcance real de este nuevo derecho de uso, sus garantías de publicidad en castellano como lengua común y el equilibrioentre la representación lingüística e igualdad de comprensión de cada una de las lenguas cooficiales. Además, se examinará el coste organizativo y económico que se deriva de la interpretación y las diversas traducciones obligatorias. En último lugar, este artículo contrastará el modelo español con otros parlamentos, como son el de Suiza y el de Bélgica para comprobar si la solución adoptada es necesaria, proporcional y sostenible.

Cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista interponen recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por estimar, ente otros motivos de inconstitucionalidad, que la convalidación del mismo por la Diputación Permanente de la Asamblea autonómica vulneraba lo establecido en el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de la Cámara,toda vez que se convocó a la Diputación en período ordinario de sesiones, más allá de lo establecido en tales normas. La sentencia confirma la constitucionalidad de la convalidación señalada apoyándose en las extraordinarias circunstancias que rodearon las primeras semanas de la pandemia, así como los diferentes intereses a salvaguardar, admitiendo la aplicación analógica que a tal coyuntura se realizó, a través de unaresolución de la Presidencia del Parlamento, de la posible convalidación por parte de la Diputación Permanente de un decreto-ley fuera de los períodos ordinarios de sesiones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 29 de abril de 2025, se ha pronunciado sobre la polémica concesión de la ciudadanía o nacionalidad de un Estado miembro como contraprestación a determi­nadas inversiones, poniendo de relieve, más allá de los peligros que estos pasaportes dorados puedan implicar, interesantes aspectos de Derecho europeo, ya que se refiere a una cuestión jurídica constitucional interna, la adquisición de la nacionalidad, que recae en el ámbito de soberanía de cada Estado miembro, si bien afecta por extensión la ciudadanía europea.

Varios diputados del Parlamento de Cataluña recurrieron al TEDH por las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales en respuesta a la reiterada presentación para debate y aprobación en el Parlamento de Cataluña de Resoluciones prácticamente idénticas a las previamente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional durante los años del procés independentista. El motivo principal que alegan los de­mandantes es que el Tribunal Constitucional, a través del procedimiento de ejecución de sentencias, impidió la celebración de determinados debates sobre cuestiones de interés general, vulnerando así sus derechos como parlamentarios, además de socavar la autonomía parlamentaria y limitar las funciones de la Mesa. Sin embargo, el TEDH avala con esta decisión la actuación de las autoridades nacionales, poniendo fin a la controversia surgida por este asunto.

La sentencia sobre el asunto T-375/22 del Tribunal General de la Unión Europea representa un hito en la delimitación jurisprudencial del conflicto entre el derecho de acceso a los documentos institucionales y la protección de los datos personales en el ámbito parlamentario. Este trabajo examina críticamente los fundamentos jurídicos y las implicaciones estructurales de dicho fallo, prestando especial atención al modo en que se aplican las excepciones previstas en el Reglamento 1049/2001 cuando los documentos solicitados contienen información sobre eurodiputados y sus asistentes. A partir del análisis del rol del consentimiento, el interés público y el principio de proporcionalidad, se concluye que la sentencia refuerza una interpre­tación restrictiva del derecho de acceso, sin diferenciar entre sujetos con distinta exposición pública. Asimismo, se argumenta que el fallo consolida una arquitectura institucional donde el Parlamento Europeo conserva un margen discrecional excesivo para limitar la transparencia, debilitando tanto el acceso pasivo como la adopción de prácticas de transparencia activa. Todo ello plantea desafíos relevantes para el modelo de control democrático y de rendición de cuentas en el seno de la Unión Europea.

El Tratado de la Unión Europea proclama en su artículo 10 que el fun­cionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. Por este motivo, las garantías electorales son un elemento clave para que tal proclamación pase a tener eficacia normativa. La Unión, sin embargo, no ejerce competencias propias en materia electoral. Incluso las garantías para las elecciones al Parlamento Europeo se apoyan casi totalmente en las que aportan los sistemas electorales de los Estados miembros. No obstante, al analizar la evolución del Derecho de la Unión a partir del Plan de Acción para la Democracia Europea de 2020, se observan cambios, muchos de ellos en relación con la comunicación política y electoral en entornos digitales. Este artículo analiza esa evolución y su repercusión sobre las garantías electorales de los sistemas estatales.

La Mesa del Parlamento se Cataluña admitió a trámite una iniciativa legislativa popular cuyo objeto era la separación unilateral de la comunidad autónoma respecto del resto de España. El Tribunal Constitucional, a instancia del Gobierno de la nación, suspendió cautelarmente dicho acuerdo y, posteriormente, lo declaró nulo e inconstitucional por pretender dicha iniciativa una reforma de la Lex legum sin respetar el procedimiento establecido para ello.

Considering the context of democratic deficit in the European Union, the growing Europeanisation of national legislation and, therefore, the need to understand the role of National Parliaments in the EU architecture, this study analyses the role of the Cortes Generales in EU affairs. To this end, it examines the tools through which the five main functions of national parlia­ments in European affairs are implemented: legislation, scrutiny, deliberation, expertise and networking. To this end, it examines the formal capacities and actual activity of the Cortes Generales, traditionally categorised as a weak parliament in European affairs, in each of these roles. The study reveals that, despite advances in political dialogue with the European Commission and participation in interparliamentary cooperation, the Spanish Parliament continues to play a very limited role in influencing European legislation, and underutilises the tools at its disposal in terms of monitoring, information and control. Furthermore, roles tend to be informal, and tasks tend to be concentrated in the Joint Committee for the EU. The article concludes that institutional adaptation to European integration has been more reactive than proactive, and that a greater role in European issues requires internal reforms and better use of available tools.

El Tribunal Constitucional, por la vía del amparo y con ocasión de dos recursos planteados por un diputado no adscrito del Parlamento de las Islas Baleares, analiza los perfiles de la referida figura y se pronuncia sobre el alcance de sus atribuciones, concluyendo que los acuerdos de la Mesa del Parlamento balear que denegaron o inadmitieron diversas solicitudes formuladas por dicho diputado en relación con el ejercicio de determinadas facultades, impugnados como lesivos del derecho de representación política, reconocido en el artículo 23.2 CE, no producen la denunciada lesión ni afectan al derecho del recurrente a ejercer en plenitud sus funciones parlamentarias. Con ello, el Alto Tribunal, a la vez que con­firma la corrección de la actuación de la Mesa del Parlamento, amparada en los artículos 27.1 b) y 28 del Reglamento de dicha Asamblea, valida la limitación de derechos y facultades del cargo electo que, expulsado de su grupo parlamentario en la Cámara, queda por ello sin adscripción a grupo parlamentario alguno.