El presente trabajo pretende explicar y valorar críticamente los aspectos más relevantes de la regulación y la jurisprudencia del TJUE relativos al procedimiento que debe observar la Administración de la UE (principalmente, la Comisión y las agencias europeas) cuando ejecuta el Derecho de la Unión de forma directa o conjunta con las Administraciones de los Estados miembros. Pone un especial énfasis en aquellos elementos que resultan de particular interés desde la perspectiva del Derecho administrativo español, y que son muchos. Concluye que, aunque la regulación vigente presente numerosos aspectos innovadores y el TJUE confiera una tutela judicial del máximo nivel, sería conveniente aprobar la codificación general que vienen reclamando con insistencia la doctrina y el Parlamento Europeo desde hace unos años.

La delimitación del mercado relevante constituye un paso esencial para la aplicación del Derecho de defensa de la competencia, al servir de base para evaluar el poder de mercado de las empresas. No obstante, se trata de una tarea especialmente compleja en presencia de plataformas digitales, caracterizadas por su naturaleza multilateral, la existencia de efectos de red, la gratuidad de algunos servicios y la importancia de los datos. Estas particularidades cuestionan la idoneidad de las técnicas tradicionales de definición del mercado y han llevado a las autoridades de competencia a adaptar sus herramientas de análisis. En este contexto, el presente trabajo analiza la Decisión de la Comisión Europea en el caso Facebook Marketplace (2024), un asunto clave para la aplicación del artículo 102 TFUE a las plataformas en línea. Dicha resolución ofrece importantes aportaciones en materia de delimitación del mercado y análisis del poder de mercado, ajustando los criterios clásicos a las dinámicas propias de los entornos digitales. Tras un breve resumen de los hechos del caso y las conclusiones alcanzadas por la Comisión, el trabajo examina en detalle los mercados relevantes definidos y la metodología empleada, valorando su coherencia con la Comunicación sobre la definición de mercado de 2024 y la práctica decisoria previa. Asimismo, se destacan las nuevas orientaciones que esta Decisión aporta para el ejercicio de definición de los mercados y el cálculo de las cuotas de mercado en el ámbito de las plataformas digitales.

Este artículo plantea la tesis de que no hay una teoría de la pena para la «pena» de la persona jurídica. Para sostener el planteamiento, examina las teorías de la pena que se invocan habitualmente en relación con la «pena» de la persona jurídica y muestra que esas teorías presuponen invariablemente —y en última instancia— a las personas físicas como sus únicas destinatarias. Esta observación puede ayudar a explicar por qué los autores que aceptan a las personas jurídicas como sujetos del Derecho penal se han concentrado en ellas como sujetos del delito, mientras que han prestado relativamente poca atención a su condición de sujetos de la pena. Reconocer la ausencia de una teoría de la pena aplicable a las personas jurídicas conduce a sostener que una genuina pena para ellas no es posible ni conveniente, no solo por la inexistencia en las personas jurídicas de las condiciones necesarias para que la pena se imponga de manera significativa, sino también por las consecuencias negativas que una «pena» para la persona jurídica desencadena para la pena de las personas físicas.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ha introducido una modificación esencial en nuestro proceso civil: la presentación de una demanda en la práctica generalidad de los supuestos deberá estar condicionada a que previamente las partes hayan intentado llegar a un acuerdo a través de alguno de los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) tipificados legalmente. Este nuevo requisito de procedibilidad se prevé como un método para promover la utilización de las soluciones autocompositivas en los litigios civiles, de modo que su uso se convierta en obligatorio como paso previo al proceso, que adquiere así un papel subsidiario en la resolución de los conflictos. La intención del legislador es la de descongestionar a los tribunales civiles, en cuanto se reduzca el número de asuntos que ingresen en ellos. Pero esta reforma plantea interesantes desafíos al tradicional concepto de Poder Judicial – frente a Servicio Público de Justicia – y del disfrute del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, introdujo, entre otras medidas de eficiencia en procesos civiles sobre condiciones generales de la contratación, la del procedimiento testigo y la extensión de efectos de sentencias, pensadas para reducir la litigación en masa (en especial los procedimientos sobre nulidad por abusividad de condiciones generales de la contratación) y la carga de trabajo de los tribunales así como para conseguir una homogeneidad en las respuestas judiciales ante casos sustancialmente idénticos. Sin embargo, transcurridos casi dos años desde su entrada en vigor, dichas figuras apenas están siendo utilizadas en la jurisdicción civil, y lo serán mucho menos si se aprueba en sus términos el Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Así las cosas, el presente trabajo tiene por objeto analizar los escollos que actualmente pueden estar impidiendo el uso y justificando la ineficacia de dichas medidas, u obstaculizarlo en el futuro. Sólo si identificamos tales obstáculos será posible proponer medidas de lege ferenda para combatirlos -como hacemos en este trabajo- y así poder lograr instituciones realmente eficaces y eficientes, siempre dentro del marco del Derecho de la Unión Europea y la Constitución Española.

La violencia por causa de honor constituye la forma de designar un conjunto de conductas orientadas a preservar o restaurar el honor familiar. Constituye una manifestación de la violencia contra las mujeres que está ganando protagonismo en el mundo occidental como efecto de la globalización. El convenio de Estambul y la Directiva europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres demandan que se afronte mediante una aproximación victimocéntrica para cuya adopción puede ser relevante conocer la percepción sobre su gravedad y la respuesta jurídica considerada adecuada según población joven europea. Con dicho fin se emprendió esta investigación con una muestra de 3.005 estudiantes universitarios en Cataluña. Los resultados revelan que la violencia por causa de honor es ampliamente percibida como grave y delictiva, sobre todo entre las mujeres y quienes tienen conocimiento y formación en esta forma de violencia, pero que se defienden respuestas institucionales centradas en la protección de las víctimas, alejadas de posiciones punitivistas.

El estudio se ocupa de analizar los contenidos que se atribuyen a cada una de las tres ciencias penales más importantes, la política criminal, el derecho penal y la criminología, con especial atención a esta última. Describe las propuestas procedentes del ámbito jurídico, para luego analizar las procedentes del discurso criminológico. Se concluye la primera parte con una propuesta personal, en la que se aprovecha para aclarar la postura del autor en debates precedentes. La segunda parte del trabajo pone de relieve la importante contribución de la criminología española reciente al debate sobre el control social penal, las insuficiencias que aún muestra, singularmente en el abordaje de ciertos temas, y los desafíos que tiene por delante dentro de sí y en relación con las otras ciencias penales.

El objetivo del artículo es comparar los diferentes mecanismos de solución alternativa de controversias que, entre los Estados miembros de la Unión Europea se han establecido para transponer el artículo 21 de la Directiva de Derechos de autor en el mercado único digital. El artículo se divide en dos partes, la primera estudia el sentido y alcance del artículo 21 de la Directiva y la segunda parte se dedica a un análisis de Derecho Comparado de las diversas legislaciones que han implementado dicho artículo entre los países miembros, tomando como referencia criterios como mecanismo de solución alternativa utilizado; institución que lo aplica; formación del facilitador; entre otros. La finalidad del análisis es establecer tendencias, semejanzas y diferencias en el uso de mecanismos alternativospara la solución de controversias de derechos de autor en la Unión Europea.

La progresiva incorporación de sistemas de inteligencia artificial dotados de autonomía funcional y capacidad de aprendizaje plantea desafíos estructurales al modelo tradicional de responsabilidad civil del Derecho privado. A diferencia de otras tecnologías, estos sistemas pueden generar daños jurídicamente relevantes sin una conducta humana directa, mediante procesos decisionales opacos y causalidades distribuidas que dificultan la aplicación del esquema clásico de imputación por culpa del artículo 1902 del Código Civil. El presente trabajo aborda esta problemática desde una perspectiva dogmática y sistemática, analizando, en primer lugar, los rasgos técnicos de la inteligencia artificial autónoma que inciden en la imputación civil, en particular la autonomía decisional, la opacidad algorítmica y el sesgo como riesgo estructural. A partir de ello, se examinan los límites del modelo subjetivo de responsabilidad y se rechaza tanto su aplicación mecánica como la proclamación de un régimen general de responsabilidad objetiva por el mero uso de inteligencia artificial. Sobre esta base, el estudio propone una arquitectura escalonada de imputación del daño algorítmico, que distingue entre los supuestos imputables a un defecto de seguridad del sistema considerado como producto, sometidos al régimen de responsabilidad objetiva de la Directiva (UE) 2024/2853, y aquellos derivados del despliegue, configuración o uso profesional del sistema, en los que la responsabilidad se articula a través de una culpa normativa fundada en el incumplimiento de deberes legales y técnicos de diligencia ex ante. El trabajo defiende, en este contexto, un modelo de atribución funcional del riesgo algorítmico, orientado a identificar a los operadores que ocupan posiciones estructuralmente relevantes en la creación, organización o explotación del riesgo y que se encuentran en mejor situación para prevenirlo o asegurar sus consecuencias. Este enfoque permite garantizar la reparación efectiva del daño sin recurrir a ficciones como la personalidad jurídica de la inteligencia artificial y sin sacrificar los principios estructurales del Derecho civil.

La Ley 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce una significativa novedad procesal al modificar el apartado 8 del artículo 438 LEC, estableciendo un plazo de cinco días para que las partes, tras la admisión de la demanda en juicio verbal, puedan proponer los medios de prueba que estimen necesarios en defensa de sus pretensiones. Este trabajo examina en profundidad las implicaciones de la reforma, poniendo de relieve la tensión que genera respecto al tradicional trámite de fijación de hechos controvertidos: de un lado, la anticipación de la fase probatoria compromete la eficacia de dicho trámite; de otro, se cuestiona la coherencia procesal de admitir prueba sin una previa delimitación clara de los extremos litigiosos.