Abstract
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 27 de diciembre de 2013 ha sido el último intento legislativo de profunda incidencia sobre la organización de la planta local en España. Una Ley nacida sin consenso y que ha fracasado en sus objetivos. Este artículo quiere hacer, desde el punto de vista de la política un análisis de las causas de ese fracaso. Según indican algunos autores como Alba y Navarro «la literatura más relevante del gobierno local en España proviene de estudiosos del Derecho Administrativo altamente orientada al marco jurídico, la posición jurídica de la unidad local de gobierno y las cuestiones relacionadas con los procedimientos legales». La Ley nace de una necesidad impuesta por la Unión Europea para controlar el déficit de la administración local, nace sin consenso, y fracasa en el intento de reducir la planta local. Este último resultado es del máximo interés porque puede observarse dentro de un marco comparativo entre modelos en Europa. En el marco europeo existen iniciativas de reducción de la planta local que pueden resumirse en dos modelos: arriba-abajo que tiene con característica una norma emanada del legislativo central y aplicada en la esfera local (Dinamarca pero también Grecia) y abajo-arriba que fundamenta en la voluntariedad la consecución de la disminución de entes locales (España). Una Ley tan reciente ha encontrado vetos y resistencias por parte de los actores implicados que han hecho imposible su aplicación como consecuencia de enfrentamientos entre el centro y la periferia de la organización institucional española o en el enfrentamiento entre partidos políticos y el poder de veto que tienen actores tan significados como las Comunidades Autónomas y los propios Ayuntamientos objeto de la norma.
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