Abstract

Con base en el nuevo parámetro interpretativo resultante de las transformaciones políticas en nuesto país, que sirven como referencia al hablar de una posición privilegiada de la Constitución Política como ordenamiento jurídico con un alto contenido progresivo de derechos y libertades fundamentales a partir de la enmienda constitucional de 2011, en materia de derechos humanos y sobre la que existe un influjo considerable de normas provenientes de un sistema internacional que permiten una amplia protección para los derechos y libertades de las personas, nos obliga a cuestionarnos si es necesario que exista ¿una nueva Constitución Política?
 Además de ello, resulta indispensable cuestionar la vigencia, oportunidad, eficacia y fuerza normativa de la Constitución vigente a partir de 1917, considerando que la Constitución tiene normas de organización, de garantías y de procedimiento que obliga a hacer primar su obediencia, permitiendo con ello, el respeto de los derechos fundamentales y su capacidad de adaptación al cambio social.

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