Abstract

En 2015 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la constitucionalidad de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la explotación de minería metalífera. En esta provincia el conflicto social alrededor de proyectos de minería en gran escala adquiere desde 2003 una especial relevancia histórica. El artículo propone un análisis de la hegemonía discursiva que construye el Estado a través de uno de sus brazos, el poder judicial. Para ello realiza una lectura crítica del fallo identificando las referencias principales que tejen su argumentación, organizan su sentido y lo vinculan a cierta ecología política, en tanto trama ideológica que sostiene y organiza una determinada racionalidad en la apropiación social de la naturaleza.

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