Abstract
The feminist movement installed a political debate regarding the right to abortion in 2018, proposing a transformation not only in the praxis of democracy, but also in its substance, through the decriminalization and legalization of abortion. In this context, this article seeks to describe and evaluate the democratic conflict produced based on the reasons and justifications underpinning the disputed content, in favor and against abortion. It also seeks to summarize the principal constitutional and conventional rulings that, by regulating abortion, shed light on the normative universe of what ought to be, in which human rights are inscribed. Lastly, the article attempts to explain how political control over body sovereignty was constructed and implemented in a patriarchal system, with sufficient legitimacy and power to last for centuries. Although there are no legal obstacles to the decriminalization and legalization of abortion, why is that the interests of freedom for women are not fully enabled within their array of rights, including the social right to health? What other interests, other than those of women, does this freedom represent?
Highlights
El movimiento feminista instaló el conflicto político por el derecho al aborto en 2018 en Argentina, con la presentación del Proyecto de Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso de la Nación, y con él se propone consolidar una transformación en la sustancia de la democracia –despenalización y legalización– aunque también involucró su praxis
Si esto es así ¿por qué los intereses de libertad de las mujeres no están plenamente habilitados en todos sus derechos, entre ellos, los derechos sociales de salud? o ¿qué otros intereses, que no sean los propios, representan esa libertad?
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Summary
El proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado a la Cámara de Diputados por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (Expediente No 0230-D-2018), que fue objeto de debate y tratamiento en ambas Cámaras del Congreso de la Nación en los últimos meses, es constitucional. Dichos comités han puesto el énfasis en asegurar que el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizar el derecho de estas a la salud así como a otros derechos fundamentales[13]. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, podría basarse en su Recomendación General No24, para responsabilizar a los Estados parte por no garantizar servicios de aborto seguro y legal a las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado[12]. Mediante una alianza entre teología y política, se hace prevalecer un “sentido de inmediatez” en las acciones públicas, al sintetizar la maternidad en un preponderante contenido biológico, restringido al control del cuerpo
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