Revocatorias de los actos administrativos que otorgan títulos de propiedad a predios rurales por una errada recolección de información probatoria mediante el método de barrido predial

Abstract

La reforma rural ha sido frecuentemente concebida como una ambición de la institucionalidad y la sociedad colombiana, puesto que el agro ha sido históricamente ignorado, silenciado y maltratado por parte de algunos sectores comunitarios, esto como consecuencia de la posición dominante del sector empresarial, que ha reducido la importancia del trabajador agrario al lesionar sutilmente sus derechos y oportunidades (Presidencia de la República, s. f.)  En efecto, el derecho agrario ha sido abstraído del derecho privado, específicamente del derecho civil, sufriendo un proceso de constitucionalización con miras a generar una legislación mucho más proteccionista, siendo necesario que el Estado equilibre la economía rural con la urbana, permitiéndose el establecimiento de un plano de equilibrio entre las oportunidades empresariales y las campesinas. Por tanto, el surgimiento de la firma de los acuerdos de La Habana, donde se concretó la terminación del conflicto armado entre el Gobierno de la Republica y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (F.A.R.C). Así, se decretó la institucionalización de una reforma rural en aras de otorgar mayores y mejores oportunidades al agro colombiano. En ese orden de ideas, mediante el Decreto Ley 902 del año 2017 se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final, esto en materia de tierras; específicamente para determinar el procedimiento para el acceso y formalización a través del Fondo de Tierras. Por otro lado, se promovió un proceso de formalización de tierra que ya había iniciado mediante una legislación anterior con el propósito de reconocer la titularidad de los predios trabajados por los campesinos, siempre y cuando dicho reconocimiento no afecte la propiedad privada y los derechos legalmente reconocidos a terceros (Presidencia de la República, 2017).