Abstract

Al inicio del proceso investigativo se tenían conceptos y percepciones que pese a no estar alejados de la realidad objetiva, sí carecían de contenido sustancial; el contacto directo con las personas pertenecientes a la población LGBTI realmente logró traspasar todo aquello que, en principio, sólo era posible validar sumariamente en relación a diferentes ámbitos sociales concretos. Es claro, que la eficacia de las normas jurídicas se ve continuamente fragmentada en la praxis a causa de múltiples factores que condicionan la realidad social objetiva; la eficacia de las políticas públicas de protección a las personas LGBTI no son la excepción. En el trans- curso de la actividad investigativa se observó de forma permanente en que los fines del estado orientados a lograr la protección y participación de todos los habitantes, no se concreta en la realidad fáctica y por el contrario, avanzan por caminos distintos y paralelos a los que recorren sus destinatarios, los cuales se ven constantemente permeados por un sin número de dinámicas que les impide un acercamiento efectivo a este tipo de normatividad, que como consecuencia, los conduzca a estándares de protección y visibilización aptos, en contraste con otros sujetos de la sociedad. Por lo anterior, se formula una herramienta práctica denominada responsabilidad comunitaria, que de ser utilizada, será determinante para la población verdaderos intereses como comunidad.

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