Abstract

Brasil pasa por un momento de crisis política e institucional y de adopción de políticas corrosivas a los derechos humanos. Más que nunca, el poder judicial laboral debe ejercer el papel de guardián de estos derechos y de protector del postulado de la dignidad de la persona trabajadora. Este artículo tiene como objetivo principal analizar el control difuso de convencionalidad como instrumento de protección de los derechos humanos y, sobre todo, examinar la conformidad de la denominada «reforma laboral» con los tratados y convenciones internacionales. Por medio del estudio de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la investigación demuestra que es deber del poder judicial proteger y hacer efectivos los derechos humanos, sobre todo en momentos de violación por el legislativo con el sello del ejecutivo.

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