Abstract
Después de diecisiete años de discusión, el Congreso en Chile aprobó la suscripción de este paísal Convenio 169 de la oit que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas sobre los temasque los afectan directamente. Como las condiciones políticas e intereses económicos no eran favorables,sorprende este resultado debido a que en la región Chile es uno de los países más retrasadosen dicha materia. Con base en un detallado análisis, en este artículo se sostiene que ciertos giroslegales y una creciente presión del movimiento indígena impulsaron un cambio en la estrategia dela derecha política. A esto se suma la mayor aceptación de legisladores que representan territorioscon alta concentración indígena. Se trata de una adaptación discursiva hacia un reconocimientodébil en un contexto político caracterizado por una fuerte resistencia a la diversidad.
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