Abstract
El presente artículo de investigación centra sus esfuerzos en comprender el efecto adverso de la corrupción dentro de la contratación estatal, situación que se está convirtiendo en una molestia para sociedad civil puesto que, repercute negativamente en el progreso de la nación. Se emplea la hermenéutica jurídica y documental como herramienta para interpretar con un sustento crítico las normas que regulan el proceder de la libre competencia y la defensa de los derechos colectivos promulgado en la Constitución Política de 1991, al revisar los fundamentos de la ley 80 de 1993 y las demás normas que delimitan la contracción estatal, las sanciones al corrupto y el sistema de divulgación SECOP necesario para darle seguimiento. Concluyendo en la necesidad de mantener un criterio asertivo entre los funcionarios públicos al momento de seleccionar un contratista, ya que el Estado posee grandes dificultades para estar vigilando el progreso de cada contrato en el país.
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