Abstract
En Colombia se han presentado alrededor de dieciséis proyectos de acto legislativo para modificar el artículo 34 de la Constitución, y así suprimir la prohibición de penas perpetuas; el más reciente ha sido el proyecto de Acto Legislativo 001 de 2019, cuyo contenido consagra que la pena, solamente será revisable, pasados treinta años de privación efectiva de la libertad. La publicación pretende rastrear los intentos realizados por el legislador, para incorporar dicha sanción, y revisar los argumentos usados para justificarla. Así mismo demostrar la precaria racionalidad incorporada a las exposiciones de motivos, a los debates legislativos en comisión y plenaria, el carente sustento empírico, su débil justificación, y el uso en su remplazo, de un ya común populismo punitivo, con el que se contraviene además de la Constitución, el Reglamento del Congreso y los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre legislación reflexiva.
Highlights
Perpetual Prison, permanent revisable prison, Punitive Populism, draft legislative act, Congress Regulation, Unconstitutional State of Things, Superior Council of Criminal Policy
La imperiosa necesidad de incorporar criterios de racionalidad al proceso legislativo en materia penal. 3.1
El Gobierno Nacional dentro de los treinta (30) días siguientes la expedición de este acto legislativo, deberá presentar el proyecto de ley que desarrolle lo dispuesto en el presente acto legislativo, incluyendo entre otros los siguientes temas: creación de un Registro Nacional de Violadores (RNV), en donde se incluyan los datos filiatorios y genéticos de las personas que hayan reincidido en este tipo de delitos, sus apodos, seudónimos, sobrenombres y fotografías de los violadores en lugares públicos y en redes de Internet
Summary
Consagra el artículo 34 de la Carta Fundamental que, en Colombia se encuentra prohibida la imposición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; sin embargo, desde el año 2007 se ha venido gestando en el Congreso de la República, un recurrente malestar por la restricción que les ha sido impuesta por el constituyente primario sobre la no imposición de penas a perpetuidad, por lo que, en sistemáticas oportunidades y de diferente forma, ha intentado eliminar del ordenamiento supremo tan incómoda limitación. El último intento de reforma ha sido presentado mediante proyecto de Acto Legislativo (PAL) No 001 de 2019, el cual tiene como pretensión, la modificación del artículo 34 de la Constitución Política Colombiana, con la excusa de que el uso de la pena a perpetuidad –bajo la eufemística modalidad revisable–, sería excepcional; ello a fin de que ciertos delitos reciban un tratamiento diferenciado por su alto nivel de reprochabilidad; así, para intentar justificarlo, ha sugerido la revisión, pasados 30 años de privación efectiva de la libertad. Pero ésta no ha sido la única iniciativa que se ha radicado en este sentido, por ello, en este artículo intentaremos rastrear los antecedentes legislativos presentados para incorporar la figura de la prisión a perpetuidad en Colombia, y revisar los argumentos sostenidos para justificar su necesidad. Ello a fin de demostrar el nulo sustento empírico ofrecido por el legislador, su débil justificación, el desconocimiento de ciertas órdenes acerca del contenido mínimo que deben entrañar las iniciativas legislativas que comprometan la política criminal del Estado, y el uso, en su remplazo, de un recurrente populismo punitivo
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