Abstract

La construccion de indicadores sobre violencia sexual en el marco del conflicto armado interno colombiano, que se deriva de las ordenes impartidas en la sentencia de la Corte Constitucional T-025 de 2004, y en especifico del auto de seguimiento 092 de 2008 —a partir del cual la Corte decidio proteger los derechos de las mujeres victimas del desplazamiento forzado—, se ha convertido en elemento central para la fijacion de politicas criminales en el pais en materia de violencia sexual. Este proceso de construccion de indicadores ha sido ademas caracterizado por una participacion activa y conjunta entre organizaciones no gubernamentales feministas, la Corte Constitucional y el gobierno colombiano. Este articulo busca ilustrar como esta manera conjunta de construccion de indicadores, en especial con la intervencion de lo que aca denomino feminismo punitivo, puede tener la capacidad de determinar politicas publicas criminales dirigidas a establecer la forma en que el Estado debe lidiar con la violencia sexual, incluyendo la ocurrida por fuera del contexto del conflicto armado interno. La discusion estara fundamentada en la idea de los indicadores como tecnologia de gobierno y su uso como manera de legitimar lo que ha sido denominado “nuevas formas de control formal penal sobre delitos sexuales

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