Abstract

A finales del siglo XX los procesos de reestructuración económica, política y social impactaron en el crecimiento y la configuración de las ciudades latinoamericanas, lo cual dio cabida a la implementación de nuevos instrumentos y normativas desde la gestión pública consustancial a la planificación urbana y política de vivienda. En el caso de Colombia, el cambio de paradigma se refleja en el marco jurídico de desarrollo socioterritorial de la década de los noventa, el cual dio lugar a permutaciones estructurales a comienzos del siglo XXI en el papel del Estado y en el desarrollo de vivienda social. Este artículo es una reflexión sobre el desarrollo urbano y territorial estipulado en la Ley 388 de 1997, el contexto en el cual esta fue formulada y su definición del papel de la gestión pública en el territorio nacional, con un enfoque discursivo de desarrollo hacia lo social y de nuevas relaciones con la sociedad civil. Además, se analizan los programas de vivienda estipulados en la administración de turno a nivel nacional entre 2015 y 2018. Se concluye que, el marco legal que estipula el desarrollo territorial concertado y define al urbanismo de función pública, está ausente en la formulación de políticas de vivienda; la actuación pública está sesgada hacia el intervencionismo privado en materia de desarrollo socioterritorial e intereses particulares sobre los generales en la construcción de ciudad.

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