Abstract
El Pleno del Tribunal Constitucional acuerda por unanimidad declarar nulos y contrarios a la Constitución dos apartados de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, que reprobaban el posicionamiento de S. M. el rey Felipe VI y apostaban por el compromiso con los valores republicanos y por la abolición de la monarquía. El Tribunal Constitucional declara, por un lado, que son contrarios al sistema de monarquía parlamentaria al ser la censura del rey una declaración que, al poseer efectos jurídicos, vulnera la inviolabilidad e irresponsabilidad regias, y, por otro lado, que el Parlamento catalán se excede en las competencias que le son propias.
Highlights
The Spanish Constitutional Court, sitting in plenary, unanimously decides to declare void and unconstitutional two sections of Resolution 92/XII of the Parliament of Catalonia, dated 11 October, 2018, which had condemned the stance of H
M. the King Felipe VI
that it is contrary to the parliamentary monarchy system
Summary
La sentencia objeto del presente comentario tiene como causa la impugnación, promovida por el Gobierno de la nación, de las letras c) y d) del apartado decimoquinto, epígrafe II de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, de “priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia”, al amparo de lo dispuesto en los arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (en adelante, LOTC), preceptos que, como bien es sabido, instrumentan el mecanismo de que dispone el Gobierno para la impugnación de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas, entre ellos las asambleas de las comunidades autónomas. La misma parte entiende que no habría lugar a un juicio de constitucionalidad, en tanto en cuanto no se han materializado los efectos jurídicos, por lo que no habría un “objeto idóneo” del proceso, calificando la resolución no tanto como una reprobación sino como una “opinión o valoración” sobre una actuación del jefe del Estado. Igualmente, la referencia que se hace en las alegaciones por parte del Parlamento al Dictamen 892/2018, de 25 octubre de 2018, del Consejo de Estado, que entiende que no ha lugar a la impugnación al ser “un acto de naturaleza política que no posee la fuerza de obligar y cuya eficacia se agota en su mera adopción”
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