Abstract
Los argumentos en contra de la extradición defienden la visión de que los nacionales estarán en desventaja en tribunales extranjeros o que otros sistemas jurídicos no aseguran que exista un juicio justo. Los países del common law están más dispuestos a extraditar a sus nacionales, mientras que los países del civil law sólo admitirán la extradición de sus nacionales en circunstancias excepcionales. Desde 1995 la política mexicana ha sido profundamente revisada, y el principio de aut dedere aut judicare en el tratado en vigor ha favorecido el castigo de presuntos criminales aunque no sean extraditados. La Suprema Corte de Justicia de México ha fallado para resolver una contradicción entre tribunales de menor jerarquía respecto de la facultad del Ejecutivo de extraditar a nacionales mexicanos. La solución, que el autor explica, es que el Código Penal mexicano no impide al Ejecutivo extraditar nacionales, sino que se aplica el artículo 9.1 del tratado en vigor.
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