Abstract
La falta de autonomía es una situación que se presenta con mayor frecuencia dentro del colectivo de personas mayores. Para paliarlo en España se encuentra vigente la Ley de Dependencia, donde se confiere un grado de gestión de prestaciones al sector privado y a las Comunidades Autónomas. Entre ellas, Castilla y León debido a su población tan envejecida debiera ser uno de los territorios más interesados en desarrollar la normativa relativa a la dependencia. Por otra parte, el momento económico actual ha dado como resultado fuertes recortes del gasto público. En particular, el capítulo de Atención a la Dependencia ha sido especialmente afectado. Además, el incremento en los precios de los servicios que se prestan en este ámbito, lleva a considerar que las ayudas públicas no son suficientes. Por ello, se deberían estudiar opciones que las complementen. El desarrollo normativo de la dependencia otorga un derecho subjetivo de carácter universal a los individuos y otorga a las empresas, la seguridad jurídica necesaria para poder operar en los mercados. Del estudio del marco normativo tanto a nivel estatal como a nivel regional, se puede concluir que es factible desarrollar productos financieros y actuariales que limen las diferencias entre los territorios de las comunidades autónomas.
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