Abstract
Desde el 2005, varias organizaciones colombianas pertenecientes al movimiento social LGBT han implementando una actividad de litigio constitucional estratégico con el objetivo de obtener la igualdad legal entre las parejas homosexuales y heterosexuales. El objetivo de este artículo es mostrar cómo la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha creado para responder a esa demanda social, ha generado efectos contradictorios en términos democráticos. No cabe duda de que ha enriquecido la participación ciudadana en el debate sobre los derechos de las parejas del mismo sexo gracias al fortalecimiento de un contra movimiento religioso dispuesto a hacer presión sobre las autoridades con base en un lenguaje de derechos fundamentales. Sin embargo, también ha generado un déficit democrático debido a que la Procuraduría General de la Nación, una de las autoridades más importantes del Estado colombiano, ha sido capturada por católicos intransigentes e integristas. Debido a esta situación, los recursos de esta poderosa institución han sido utilizados para evitar el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas homosexuales a contraer matrimonio y a adoptar menores de edad, a pesar de que las principales funciones de esta autoridad pública son defender los derechos humanos de los ciudadanos y castigar las faltas disciplinarias cometidas por los servidores públicos.
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