Abstract
Partiendo de la idea según la cual el periodismo es, en regímenes de tradición liberal democrática, un freno a la arbitrariedad de los que gobiernan y de que los medios de comunicación, y en especial la prensa escrita, han acometido la tarea de vigilancia de los casos de corrupción acaecidos en la España democrática, se indaga sobre los mecanismos que dificultan el ejercicio de un periodismo de denuncia de la corrupción política y se proponen orientaciones para acercar la ética periodística a la ética cívica propia de la democracia.
Highlights
Tion cases occurred in democratic Spain, we will research on the mechanisms that hinder the exercise of journalism exposing corruption and we will propose policy guidelines to approach journalistic ethics to the civic ethics of democracy itself
De ahí que sea la sociedad civil, la ciudadanía, y no sólo los periodistas, quienes deban acometer un debate público similar al propuesto por Paul Starr (2009): “Si los diarios ya no son capaces de subsidiar el periodismo como servicio público y si las formas no comerciales de colaboración no pueden ofrecer un reemplazo adecuado: ¿cómo se va a pagar este trabajo?”. ¿Con subsidios públicos a los periódicos? ¿Con subsidios públicos para la promoción de la lectura de prensa? ¿A través de entidades sin ánimo de lucro que sustituyan al modelo de las empresas periodísticas? Sin duda, este es un debate muy amplio y no puede ser acometido aquí, a pesar de su total concomitancia con la corrupción política
Summary
Tion cases occurred in democratic Spain, we will research on the mechanisms that hinder the exercise of journalism exposing corruption and we will propose policy guidelines to approach journalistic ethics to the civic ethics of democracy itself. La estrategia de construcción de grupos mediáticos a través del control de las concesiones administrativas de frecuencias de radio y frecuencias de TDT no sólo se desmoronó por el efecto conjunto de la imputación judicial de algunos empresarios de los medios receptores de las adjudicaciones y de la crisis económica, sino también por el fallo del Tribunal Supremo que el 18 de julio de 2012 declaraba nula la resolución del Conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación para la explotación de programas de televisión digital terrestre.
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