Abstract
<p>Este artículo presenta los resultados de un estudio empírico que sistematizó las acciones populares falladas por el Consejo de Estado colombiano durante un<br />período de 17 años (1998-2015). Los autores utilizaron metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo para sistematizar más de 250 fallos de acciones populares decididas por el Consejo de Estado. Los resultados presentados en este artículo muestran las tendencias más importantes del litigio de acciones populares ambientales en Colombia: tipos de demandantes y demandados; tipo de recursos medioambientales protegidos; tasas de éxito de los demandantes; regiones y ciudades más litigiosas; efectos generales del incentivo económico en el tipo de litigio, entre otras variables. Los resultados de este estudio también muestran que el incentivo económico para las acciones populares no estaba favoreciendo los intereses de litigantes temerarios, como lo sostuvo el gobierno nacional cuando propuso al Congreso una reforma a las acciones populares, que se concretó en la Ley 1425 de 2010. Finalmente, se sugiere que la eliminación del incentivo económico de las acciones populares puede tener un efecto negativo sobre el litigio de interés público.</p>
Highlights
El litigio colectivo asume una diversidad de formas alrededor del mundo1
Las acciones populares colombianas tienen una estructura distinta a la de las acciones de clase estadounidenses y las acciones de grupo consagradas en la Constitución de 1991
Finalmente, incluimos una variable en relación con las costas, con miras a explorar si este mecanismo procesal ha sido utilizado por los jueces y las partes como un sustituto del incentivo económico, esto es, como un apoyo económico al trabajo y tiempo invertido en el proceso por parte del actor popular
Summary
El primer paso de nuestra investigación consistió en identificar el universo de acciones populares decididas en el país en materia de medio ambiente. La Ley 472 de 1998, en su artículo 80, estableció que el Registro Público de Acciones Populares y de Grupo de la Defensoría del Pueblo contendría la información de las acciones populares y de grupo decididas por jueces de todas las instancias en el país. Ante la imposibilidad de acceder a información centralizada sobre las acciones populares falladas por tribunales y juzgados administrativos, nos concentramos en los casos decididos por el Consejo de Estado en sede de apelación. Aunque las acciones populares medioambientales decididas por el Consejo de Estado no reflejan con completa fidelidad el litigio en todo el país, sí constituyen un proxy válido ante la ausencia de datos confiables en tribunales y juzgados administrativos. Nos concentramos solo en los casos en sede de apelación de sentencias, por considerar que estos casos nos permiten identificar el razonamiento de las partes y los jueces en relación con la protección del medio ambiente. Al final de la etapa de codificación se implementó un test final de confiabilidad, que tuvo un resultado del 91%, lo que supera por más de diez puntos el porcentaje de confiabilidad mínima recomendado por la literatura especializada
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