Abstract

El Sistema penal propio de un Estado Constitucional de Derecho se encuentra construido sobre la base del respeto a los Derechos Humanos de todas las personas. Por ello, el ejercicio de la potestad punitiva estatal está sujeto a límites que no pueden soslayarse y que se encuentran contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos internacionales signados por México, mismos que son de observancia obligatorio. Del catálogo de principios que se constituyen como la barrera insuperable en la actuación estatal, destacan por su actualidad los de humanidad de las penas, proporcionalidad, ne bis in idem y exclusiva protección de bienes jurídicos, pues el momento histórico de violencia exacerbada por el que está pasando México, ha ocasionado la intensificación del aparato represivo, llegándose incluso a violentar tales principios a través de diversas directrices político criminales.

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