Abstract
Ante la atomización existente en el sistema cooperativo español y la consiguiente falta de nivel competitivo de las cooperativas españolas en el mercado internacional, se desarrolló la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, que pretendía hacer frente a estos problemas. Obteniendo la calificación de “Entidad Asociativa Prioritaria” creada por dicha Ley, dichas entidades tendrán acceso preferencial a subvenciones y ayudas, lo mismo que las entidades que se encuentren integradas en ellas y los productores agrarios. Pero para la obtención de esta calificación se van a encontrar con múltiples dificultades, ya sean intrínsecas de la propia integración como pueden ser los problemas de la concentración/diferenciación, o los requisitos impuestos por la misma Ley y el Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, entre los que se encuentran las exigencias de facturación, comercialización conjunta y el controvertido carácter de supra-autonomía, o con dificultades derivadas de la pluralidad normativa generada por las comunidades autónomas.
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