Abstract
La irrupción y disponibilidad de nuevas tecnologías han permitido que los ciudadanos pasen hacia un rol activo en el tráfico informativo. Frente a los fenómenos como las cámaras ocultas, y más recientemente la desinformación, ha quedado en evidencia que la comprensión jurídica clásica de la diligencia en libertad de información no resulta suficiente para responder a los nuevos paradigmas informativos. Habrá que considerar que la opinión pública ya no sólo se construye a partir de los medios institucionalizados, que quienes informan no son necesariamente profesionales de la información y que para alcanzar la veracidad en la información se requerirán otros y mayores niveles de diligencia y responsabilidad. A partir de estos fenómenos se ha configurado un nuevo canon para la ponderación del grado de injerencia permitido frente a los derechos de la personalidad, así como nuevas fórmulas de regulación que suponen las bases para una nueva compresión jurídica de la libertad de información.
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