Abstract
El presente artículo ofrece una solución propia de la hermenéutica constitucional al conflicto derivado de la negación de un derecho pensional. Desde la perspectiva de la jurisdicción ordinaria, que entiende los servicios pensionales como un negocio jurídico privado, el derecho pensional es desconocido. Esto significa una afectación a derechos fundamentales básicos como el Debido proceso y el Acceso a la administración de justicia. El artículo analiza la evolución de la doctrina utilizada por la autoridad jurisdiccional colombiana, y como la acción de tutela reinterpreta el control de monitoreo, a través del robustecimiento del sistema de precedentes constitucionales. Para ello, se realiza un estudio de caso basado en la Sentencia T-125 de 2012. Finalmente, se concluye que la tutela contra decisiones judiciales en Colombia es un mecanismo eficaz contra las sentencias sustentadas en criterios rígidos, propios del positivismo legalista.
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