Abstract

A través del estudio del caso de la “Fundación Manuel Cepeda Vargas para la Paz, la Justicia Social y la Cultura”, este artículo se interroga por la política cultural de las víctimas de crímenes de Estado en la construcción de paz en Colombia y propone una explicación  ligada directamente a la agencia de la Fundación, acerca de los mecanismos que hicieron posible que los reclamos de las víctimas se instalaran en la agenda pública. El primero tiene que ver con la introducción de nuevos repertorios que hicieron más efectiva la denuncia de los crímenes de Estado y la pedagogía social de la memoria histórica y, el segundo, con la dirección política que le imprimió a la reivindicación de los derechos humanos, para articularla con la solución política del conflicto armado. Se argumenta que la consolidación de estos dos mecanismos hizo posible el posicionamiento de las víctimas de crímenes de Estado en el debate público, y su reconocimiento en el Acuerdo de Víctimas de La Habana.

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