Abstract
La restitución de tierras abandonadas o despojadas en el contexto de un conflicto armado, es una medida de reparación prevista en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 1448/2011. En Santander, los jueces de tierras han dictado 55 sentencias hasta diciembre de 2016. Este artículo tiene como objeto analizar el estado de la cuestión de la restitución en el departamento, concretamente la aplicación y efectividad de la ley, a través de un análisis descriptivo e interpretativo de los fallos judiciales y la etapa post-fallo. Para ello, dada la complejidad del problema a investigar se han consultado diversidad de fuentes: normativa y jurisprudencia nacional e internacional, informes y estadísticas oficiales, bases de datos e investigaciones de organizaciones de derechos humanos, prensa y bibliografía de contexto. Asimismo, se han realizado entrevistas a diversos actores del proceso de restitución de tierras y visitas a predios restituidos. Si bien los jueces y magistrados de tierras aplican mayoritariamente lo establecido en la ley, hay algunas dificultades en la implementación de las órdenes dictadas que limitan una reparación efectiva y transformadora de las víctimas. La flexibilidad de la política pública de restitución de tierras, permite que este proceso en construcción pueda superar los escollos señalados en el texto, por el mantenimiento de la competencia de los jueces en la etapa posterior al fallo hasta que se garantice la reparación efectiva o la tendencia a aplicar la medida subsidiaria de compensar con un bien equivalente, en lugar de ordenar la entrega material del bien reclamado.
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