Abstract

A través del análisis de la actividad política de Joaquín Chapaprieta entre 1916 y 1923, podemos observar, desde una posición privilegiada, la crisis del Partido liberal en los últimos años de la Restauración. Chapaprieta fue Subsecretario del Ministerio de Hacienda con Santiago Alba en 1916, Vicepresidente de Izquierda Liberal —partido liderado por Alba— entre 1918 y 1923 y Ministro de Trabajo en el último Gobierno constitucional de la Restauración. Por otra parte, su labor durante estos años muestra la vertiente más estatalista del liberalismo dinástico. Para evitar la revolución, con el ejemplo de la Rusia soviética en el horizonte, el Estado debía erigirse en árbitro de los conflictos laborales y desplegar un abanico de protección social sobre las clases populares. El coste de la política social debía ser financiado mediante una reforma tributaria que reforzara los impuestos progresivos. Esta política se resume en una de sus frases más significativas: «no hay nada más socializador que el impuesto». En definitiva, un Estado fuerte, más legítimo cuanto más eficaz. Chapaprieta transformó su pensamiento político en propuestas concretas, en dos oportunidades: en 1916, junto con Santiago Alba desde el Ministerio de Hacienda, y en 1923, desde el Ministerio de Trabajo. En ambas ocasiones sin éxito. Este artículo analiza también las causas que provocaron el fracaso de las propuestas de Chapaprieta.

Highlights

  • Through the analysis of the Joaquin Chapaprieta's political activity between 1916 and 1923, we realize, from a privileged position, the crisis of the Liberal Party in the last years of the Spanish Restoration

  • The cost of the social policy should be financied with the help of a tax refonn for to strengthen the progressive taxes

  • This article analyzes the reasons which cause the failure of the Chapaprieta's initiatives

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Summary

La política de concertación social y él arbitraje estatal

Gran parte de la obra política de Joaquín Chapaprieta en el Ministerio de Trabajo estuvo presidida por la convicción de que el Estado era el arbitro legítimo en los conflictos laborales. El 25 de agosto de 1923, presentó a la firma del Rey un decreto cuyo fin era obligar a los empresarios a reconocer como interlocutores a las asociaciones o sindicatos legalmente constituidos por sus empleados. Del 10 de marzo de 1923, intentó acabar con los ingresos obtenidos por las organizaciones sindicales anarquistas mediante extorsiones a obreros y patronos. El Monarca reducía a la nada el margen de maniobra del Gobierno y contribuía a minar la escasa credibilidad del sistema político en Cataluña ^^

La expansión de la cobertura social del Estado
AÑOS D E LA RESTAURACIÓN
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