La Política Social de Vivienda en Chile: Una Mirada Crítica

Abstract

La vivienda, constituye por sobre su condición de bien transable, un derecho y un requerimiento básico para que cualquier familia resuelva sus necesidades de sobrevivencia. Ella se vincula también con el abrigo diario y la seguridad básica que reporta tener un lugar donde estar, compartir, disfrutar y protegerse. Además, la vivienda contribuye a satisfacer otros requerimientos tales como la privacidad, la identidad y pertenencia a un lugar, un grupo y un territorio. La conferencia mundial sobre habitat realizado en Vancouver el año 76, recoge esta multidimensionalidad de la vivienda. Todos los organismos allí presentes, concordaron que la vivienda no sólo es una unidad que acoge a la familia, sino también un sistema integrado por el terreno, la infraestructura de urbanización y de servicios, el equipamiento social- comunitario dentro de un contexto cultural, socioeconómico, político, físico-ambiental, así como un proceso al cual concurren como actores las personas y entidades de los sistemas público, privado, técnico-profesional y poblacional, entre otros". “Entregar" entonces vivienda o ayudar para que el ejercicio de este derecho se concrete implica, no solo la distribución equitativa de recursos materiales, casas o departamentos, sino también que dicho proceso contribuya a la distribución de capacidades y al mejoramiento de la calidad de vida. Ello implica necesariamente, una acción que asegure no sólo la universalidad (cobertura) que ha sido lo buscado históricamente por la política pública, sino también: la calidad. Lo anterior se relaciona con la oportunidad y pertinencia de la solución y para esto último es fundamental la participación de los destinatarios y el desarrollo de sus capacidades. En esta línea se transforman en componentes estratégicos la gestión descentralizada, articulada y participativa. En este artículo se hace una revisión crítica de la Política de Vivienda desde el Ministerio de Vivienda, hoy el SERVIU Metropolitano. Esto, como una forma de desafiar esa política pública, la que, junto con responder al mandato de la universalidad, de la distribución de recursos materiales en forma masiva, debiera imperativamente hacerse cargo de la diversidad de realidades que afectan a los sujetos a los cuales se dirige, como de constituirse para ellos en un instrumento para la redistribución de poder y capacidades.