Abstract

La legalización de tierras municipales es crucial para el desarrollo urbano y la formalización de la propiedad en áreas ocupadas informalmente. Este proceso ofrece seguridad jurídica a los habitantes y mejora la infraestructura y el acceso a servicios básicos, elevando la calidad de vida. La ocupación informal surge por la falta de viviendas asequibles y planes urbanos ineficaces, resultando en asentamientos precarios. Legalizar estos terrenos promueve la inclusión social y el desarrollo sostenible. Esta revisión analiza el marco legal, social y económico de los gobiernos municipales, que de acuerdo a las normas legales, son quienes manejan el uso de suelo y tiene la potestad legislativa para el cobro de la contribución especial de mejoras, y por mandato de la ley la recaudación del tributo predial urbano, que no se podrá ejecutar en sectores, zonas o espacios territoriales que no están incorporadas al catastro urbano o rural, según sea el caso, y por ende no se contará con esa aportación económica en el presupuesto anual y no se podrán proyectar obras de largo alcance a estos sectores. En este contexto, la presente investigación compara los referentes normativos y las políticas públicas que han sido implementadas para la legalización de tierras municipales. Se exploran casos de estudio que ilustran los desafíos y éxitos de estos procesos, así como las implicaciones sociales, económicas y ambientales. Además, se discuten las mejores prácticas y recomendaciones para fortalecer los programas de regularización, con el objetivo de contribuir a un urbanismo más equitativo y sostenible.

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