Abstract
La extradición es la figura jurídica judicial de mayor expresión en materia de cooperación internacional; siendo los casos más notorios los de terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, armas, trata de personas, organizaciones criminales y demás conductas punibles conexas a los anteriores, así como los delitos contenidos en el Estatuto de Roma. Esta figura cooperativa en algunos estamentos ha superado una serie de barreras de conveniencia política, económicas, jurídicas y sociales, convirtiéndose en una institución más viable y de mayor validez, pues ha pasado de ser una política de gobierno a ser una política estatal, además de ampliar su espectro de aplicabilidad, pasándose de la simple remisión de criminales a la reciprocidad de información, investigación, asistencia judicial, entre otros. Es así que los países se encuentran hoy con la obligación internacional de efectuar y ratificar tratados en donde se generen compromisos de asistencia mutua en materia de cooperación internacional, basados en el principio o denominada formula del latín: aut dedere aut judicare (extraditar o juzgar), emanado desde los convenios de Ginebra de 1949, con el propósito de que si el estamento está imposibilitado de juzgar al criminal o desea entregarlo a la nación requirente, este pueda ser procesado por el solicitante.Es de aclarar que esta norma se hizo a un lado durante décadas, tiene su reaparición legal en los artículos 8 y 9 del proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad de 1996, en donde se trataba tímidamente este principio y el de jurisdicción universal. Lo anterior se retoma en 1998 al adoptarse el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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