Abstract
Este artículo estudia las formas de persecución y aniquilación del enemigo político durante la posguerra española mediante el análisis del proceso seguido contra un alto cargo de la Segunda República: el gobernador civil de Málaga, Luis Arráez Martínez. Más concretamente, partiendo de la hipótesis de que no es posible comprender aspectos centrales de la represión judicial franquista sin examinar de cerca las condiciones sociales en las que se hizo efectiva, indaga en la responsabilidad que los agentes locales que colaboraron con las autoridades militares que incoaron el procedimiento tuvieron en el resultado final del mismo. El Estado era el organizador de la represión, instrumento con el que conseguir unos objetivos muy definidos y que ya estaban en la base de la rebelión de 1936 como era la «limpieza política», pero es el conocimiento de la realidad local lo que permite comprobar que fueron autoridades locales y vecinos quienes se erigieron en pieza principal para conseguir el éxito de la misma.
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