Abstract
Ante la escasez de agua que afecta a las ciudades costeras de Baja California, las autoridades estatales y federales optaron por la construcción de una planta desaladora de agua de mar en Rosarito, dejando abierta la posibilidad de exportar parte de la producción a San Diego. El proyecto fue aprobado en 2017 en medio de críticas y actualmente se detiene por falta de consenso sobre los términos de otorgar derechos de explotación a una empresa privada. El objetivo de este artículo es mostrar la importancia regional y binacional del proyecto, destacando la naturaleza tecnocrática con la que fue concebido y gestionado. Mediante un análisis del proceso de autorización y una revisión de la literatura sobre las tendencias mundiales de la desalinización ante la escasez de agua, se concluye que el proyecto ha estado suspendido durante mucho tiempo y que existe un gran interés en ambos de México y Estados Unidos, lo que le confiere mayor fuerza y probabilidades de realización en ausencia de otras propuestas del lado mexicano.
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