Abstract

A pesar de la evidente falta de intención de dañar al feto, las mujeres embarazadas que consumen drogas han sido construidas como criminales sin que exista reconocimiento legal del delito. Sin embargo, el uso de drogas no llega a ser evidencia suficiente de la intención de dañar, particularmente en contextos donde la economía del consumo de drogas es habitual. Los casos judiciales examinados en este artículo la naturaleza cada vez más condicional del estado de bienestar de EE.UU., al incrementarse el número de madres urbanas, y abuelas, incapaces de cuidar de sus hijes. Estos casos reflejan también el rol que tienen los centros de salud y los tribunales en la formulación de políticas cuando existen vacíos legales.

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