Abstract

Este trabajo analiza la gobernanza ambiental aplicada al proceso de consulta indígena implementada en el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) en Chile. Las consecuencias de la inclusión del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en el EIA se evalúan a través de varios estudios de caso de interacción entre la industria minera y las comunidades indígenas Colla en Atacama. Se han analizado modelos alternativos de gobernanza de la evaluación de impacto a través de análisis cuantitativos, entrevistas exploratorias y revisión de documentos judiciales y ambientales, que incluyeron procesos colaborativos y flexibles para la solución de problemas comunes entre las partes interesadas. El análisis describe el proceso que ha llevado a la judicialización de proyectos de inversión mineros por parte de las comunidades indígenas entre 2008 y 2018. Los resultados revelan un proceso consultivo con objetivos poco claros falta de transparencia y diseño centralizado sin considerar las características culturales, temporales y lingüísticas de las comunidades indígenas. El proceso de consulta tiene limitaciones estructurales y de recursos. Esta última se asocia principalmente a restricciones presupuestarias y a una menor participación de los profesionales en el proceso de evaluación. Las limitaciones estructurales se expresan a través de diferencias comunicacionales, políticas y conceptuales entre las partes interesadas. Estas diferencias actúan como barreras que impiden un rol eficiente del Estado de Chile con las empresas privadas y las comunidades indígenas, aumentando la incertidumbre de los inversionistas privados y aumentando la desconfianza histórica hacia las comunidades indígenas.

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