Abstract
En los últimos treinta años venimos asistiendo a una progresiva “internalización” de la evaluación de programas y políticas en las administraciones públicas. Esto se ha producido bien porque las administraciones mismas han asumido la función de evaluación o porque éstas han estipulado cómo hacer las evaluaciones y con qué objetivos. Este hecho plantea preguntas importantes para el ciudadano y para la democracia. En este artículo se examinan las consecuencias de esta “apropiación” de la evaluación por parte de la administración a través de dos ejemplos: uno tomado del ámbito de la cooperación internacional y otro extraído del encargo que una agencia gubernamental hizo para la evaluación de uno de sus programas.
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