Abstract

El impacto social que está produciendo la epidemia del llamado COVID-19 en todo el mundo y los efectos que se derivaran de ello, en la actualidad, son difíciles de cuantificar. Aunque no es el momento de hacer un balance sobre la respuesta que está dando el Gobierno español a la emergencia sanitaria, sí se puede proceder a una primera valoración de la forma en que está gestionando la labor informativa durante los cuatro primeros meses del año. Para ello, en este trabajo se exponen las pautas legales que la Administración debe observar en el ejercicio de la función pública de informar, tanto en situaciones de normalidad como en la emergencia sanitaria que vivimos provocada por el denominado coronavirus. Mediante estos parámetros de carácter técnico-legal, el análisis del tipo de información difundida, de los portavoces oficiales y de la implicación del Gobierno con los medios de comunicación a través de la financiación pública, se ha elaborado un bosquejo bastante nítido con el cual se puede enjuiciar desde parámetros objetivos la respuesta comunicacional dada hasta el momento.

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