Abstract
La Constitución peruana establece limitaciones al desarrollo de la actividad empresarial del Estado y, a fin de eliminar ventajas y privilegios, establece un mismo tratamiento legal para empresas públicas y no públicas. En este artículo se analizan las normas constitucionales sobre la actividad empresarial del Estado y tres supuestos en los que la legislación establece un trato diferenciado para la actividad empresarial pública y privada.
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