Abstract
Recent studies have revisited the issue of slavery and justice in the colonial Spanish America from the perspective of social and cultural history, while taking into account the necessary input from the history of law as well. This paper analyzes records of slaves from civil courts as well as criminal cases, in the first two decades of the nineteenth century. Assuming that the slave could only inter-act because the Castilian legal system allowed it, and to the extent that such a system depended on a specific cultural context, we analyze in detail the performance of judges and prosecutors on the one hand, and that of slaves and their legal assistants. We conclude that the slave is subject and object of justice in a degree which are very similar to that of free common people, especially in severe cases.
Highlights
En un artículo reciente, Alejandro de la Fuente sostiene que, frente a las críticas recibidas especialmente desde la historia estructuralista, siguen siendo válidos los planteamientos de Frank Tannenbaum sobre que, a diferencia de lo que ocurría en la América anglosajona, la esclavitud en Iberoamérica se benefició de la tradición legal del derecho romano y la influencia del cristianismo, que la calificaba como un estado contrario a la naturaleza y la razón, lo que contribuyó decisivamente a que en la América hispana el esclavo tuviera, de hecho, personalidad moral y legal, además de facilitársele la manumisión
El primero de los expedientes que analizamos aquí trata del reclamo judicial que Atanasio de Lima, negro esclavo e hijo natural de Tomás Santo Domingo, presenta contra José Antonio Aparicio, moreno libre, para que le entregue la sexta parte de los bienes que quedaron por fallecimiento de Santo Domingo y que Aparicio retiene en su poder como heredero de Ana María Bandama, mujer que fue del expresado Santo Domingo.[13]
37 De la Fuente, “Los esclavos en Cuba y la reclamación de derechos”, pág. 48
Summary
Algunos trabajos recientes han reavivado el tema de la esclavitud y la justicia en la América hispánica desde la perspectiva de la historia social y cultural, sin olvidar el necesario aporte de la historia del derecho. Partiendo del principio de que el esclavo sólo podía interactuar con la justicia porque el sistema jurídico castellano se lo permitía, y en la medida en que tal sistema dependía de un contexto cultural determinado, analizamos la actuación tanto de jueces y fiscales como la del esclavo y sus asistentes legales, para concluir que el primero es sujeto y objeto de la justicia en un grado muy similar al de los libres del común, especialmente en las causas graves. A pesar de que se refieren a las dos primeras décadas del siglo XIX, en plena expansión del sistema de plantación, se sigue manifestando esa capacidad del esclavo —tanto el urbano como el de la hacienda— para hacer uso de la justicia; pero lo que resulta más llamativo es el modo como actúa la justicia en las causas criminales de esclavos, especialmente en causas graves como las de homicidio. Aunque en esos abogados debe suponerse una sincera posición de rechazo de la esclavitud, por lo que respecta a las autoridades con jurisdicción —capitanes de partido o jueces pedáneos, alcaldes ordinarios de La Habana, capitán general e incluso la Audiencia— esa actitud parece más bien responder a una prudente política de tolerancia y utilidad social, con el fin de evitar en lo posible toda ocasión de conflictividad entre la población esclava
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