Abstract
La transformación de España en país de inmigración ha tenido un considerable impacto social y demográfico. El Estado de bienestar se ha adaptado razonablemente bien a esta evolución de la población, proporcionando un alto grado de protección a las poblaciones de origen inmigrante asentadas en España. En el actual contexto de crisis económica y fiscal que atraviesan los países de la periferia sur de la zona Euro, las autoridades sanitarias españolas han adoptado una serie de medidas que amenazan con desvirtuar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud como un sistema sanitario de carácter universalista. La exclusión de los inmigrantes indocumentados del ámbito de cobertura del sistema sanitario público constituye la más grave de dichas medidas. Sin que existan argumentos claros de naturaleza económica o sanitaria que justifiquen la adopción de dicha medida, cabe categorizarla como una iniciativa de carácter fundamentalmente político, destinada a enviar un mensaje de dureza ante el fenómeno migratorio. La compleja articulación de responsabilidades políticas y financieras en el ámbito sanitario ha supuesto una desigual aplicación de dicha medida, vetada en algunas regiones, implementada con celo en otras. El resultado es una situación extremadamente confusa por la que se amplían los márgenes para la discrecionalidad burocrática, así como para el surgimiento de desigualdades en salud en el seno de la sociedad española.
Highlights
providing a high degree of protection to the population with immigrant origin settled in Spain
fiscal crisis experienced by the countries from the southern periphery
which strongly affects the economy of Spain
Summary
A partir de mediados de los años 1980, España comenzó a transformarse en país de residencia para un creciente número extranjeros. En el presente artículo repasamos una de las principales medidas adoptadas por las autoridades sanitarias españolas (redefinición restrictiva del rango de cobertura del sistema sanitario público), y el papel que la politización del fenómeno de la inmigración ha desempeñado en dicho proceso. Justificada en términos esencialmente económicos, constituye de hecho un ejemplo claro de politización del fenómeno migratorio, proceso a través del cual se ha pretendido redimensionar los programas de protección social (en este caso la sanidad) aprovechando las reticencias de una parte de la población ante la presencia de un importante colectivo de inmigrantes asentados en el país en los últimos años. La compleja articulación de las responsabilidades políticas y financieras sobre la gestión del sistema de protección social entre los distintos niveles de la administración del Estado español plantea una serie de retos específicos a la hora de aplicar dichas medidas restrictivas, complejizando considerablemente el resultado final de las mismas. El resultado final de esta suma de complejidades es la aparición de un espectro de respuestas institucionales que limita enormemente el calado de las medidas restrictivas adoptadas, al tiempo que genera importantes espacios para la aparición de desigualdades (en el acceso al sistema, la atención sanitaria recibida, los potenciales resultados de la misma, el estado de salud de estos grupos, etc.) que afectan a una población particularmente vulnerable
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