Abstract
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas se introduce el principio de transversalidad como nueva estrategia en las políticas públicas de igualdad. Para hacer de la igualdad eje de todas las políticas en el Estado español se adoptó la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elaborara el Gobierno. Surge así la voz impacto de género que trataremos de definir en este artículo, así como su desarrollo y aplicación. La obligatoriedad de elaborar informes de impacto de género en las disposiciones normativas se mostraba como una herramienta idónea para desarrollar la transversalidad en todas las políticas, sin embargo, los análisis sobre la implementación de esta Ley han demostrado que la carencia de una metodología específica ha limitado sus potenciales efectos. Se espera que la regulación que establece el Real Decreto 1083/2009 y su posterior actualización permita una mejor aplicación.
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