Abstract
In recent decades, Chile has become a destination for immigrants from other South American countries, which has significantly impacted public services - particularly the public health system - at the economic, social, and cultural levels. The aim of this paper is to provide substantiated information on issues concerning undocumented immigrants' access to health care in Chile. A qualitative methodology, fundamentally an ethnography of the clinical setting, was used. Results were then analyzed in relation to theories of power asymmetries and interethnic relations. The research results highlight the lack of compliance with existing regulations and the exercise of discretionary personal judgment as barriers to access. It is concluded that in Chile immigrants in general, and undocumented immigrants in particular, are considered to be illegitimate patients.
Highlights
Esta investigación surge de la necesidad de responder a una serie de alertas con respecto a la vulneración del derecho a la salud de la población inmigrante en Chile, derecho definido en el marco jurídico chileno
De acuerdo a la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, del total de personas nacidas en el extranjero residentes en Chile, el 8,9% no pertenece a ningún sistema previsional de salud, mientras que en la población chilena ese porcentaje llega al 2,5%(1)
Extranjeros menores en condición migratoria irregular: ordena la atención de salud y permite la tramitación de una visa temporaria
Summary
Fuente: Departamento de Extranjería y Migraciones, 2014. Salud Colectiva | Licencia Creative Commons Reconocimiento — No Comercial 4.0 Internacional | BY - NC. Esta situación genera un impacto significativo en los servicios públicos de las regiones con mayor concentración de inmigrantes, especialmente en el Sistema Público de Salud (SPS). Y en el marco de la nueva política migratoria, decretada en el año 2008 por la Presidenta de la República[6], a través del Instructivo No 9 en el que Chile se declara “país de acogida”, el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Fondo Nacional de Salud (FONASA) asumieron como marco ético la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de las Naciones Unidas[7]. Extranjeros menores en condición migratoria irregular: ordena la atención de salud y permite la tramitación de una visa temporaria. Mujeres embarazadas en situación migratoria irregular: ordena el control del embarazo y permite la tramitación de una visa temporaria. El punto de vista de los usuarios o pacientes inmigrantes no lo consideramos en este manuscrito por falta de espacio y porque lo hemos analizado en otras publicaciones[8,9]
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