Abstract
<p>Se da por hecho que un Estado es “constitucional”, porque tiene un cuerpo normativo que establece la estructura de gobierno, que reconoce como objetivo primordial los derechos humanos y que expresa mecanismos de control del poder a favor del pueblo. Sin embargo, sin un entramado democrático, las normas no garantizan que sus fines se cumplan. México ha tenido diversas reformas constitucionales que no han logrado cumplir su cometido. En este contexto, el trabajo alude que la crisis institucional, económica y de derechos humanos en México no se solucionará con reformas, sino mediante una reorientación de los actores implicados en los sectores políticos, administrativos y de administración de justicia. Asimismo, como aporte, el artículo propone nuevas líneas de acción para mejorar la gobernanza con bases y objetivos participativos; que hagan realidad las disposiciones jurídicas, económicas y políticas de la Constitución.</p>
Highlights
Estamos tan involucrados e inmersos en las teorías de los clásicos que damos por sentado que los Estados constitucionales formalmente lo son también en su realidad social; sin embargo, cabe cuestionar: ¿la existencia de constituciones vigentes en los Estados es un parámetro para considerar que son Estados constitucionales propiamente dichos? La respuesta exige una
Pdf Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Caso Estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos vs México, Medidas cautelares, MC 409/14, 3 de octubre de 2014
Summary
Tradicionalmente, la doctrina ha considerado que el Estado Constitucional es el más acabado de la producción organizativa del ser humano, se trata de una cúspide estructural-social que establece, de forma definitiva, las bases para el funcionamiento de una sociedad. Los hechos y fenómenos sociales de actualidad en México (y en el mundo) muestran que el problema no se limita a poder válidamente considerar un Estado como constitucional por su dimensión formal o normativa. Lo que interesa aquí es reconocer que el discurso político —y también académico— se ha centrado en cuestionar la falta de medidas eficaces del Estado hacia sus problemas esenciales, como la seguridad, la corrupción, la estabilidad económica o la protección de los derechos humanos. En el contexto de la transición de la democracia mexicana, ni la invocación del “Estado de derecho” o la “legalidad”, ni la reforma de derechos humanos parecen satisfacer las críticas más simples contra la ausencia de gobernabilidad, porque los hechos ilustran que no se han cumplido los fines constitucionales en que se debe sustentar la actividad pública.
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