Abstract

Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos han sido la base para que los juzgadores, a través de sus decisiones, interpreten las leyes de acuerdo a las necesidades de la realidad social. Con la instauración del parámetro de regularidad constitucional, se han abiertos las puertas para que los jueces resuelvan controversias de manera cada vez más justa, al no encontrarse atados con las limitaciones formales que, en ocasiones, no tienen una finalidad práctica ni benefician a las partes. De este modo, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis al estado jurisprudencial que impera en temas de derechos humanos y sus restricciones, para estar en condiciones de ponderar en qué casos una formalidad procesal constituye una restricción desproporcionada de algún derecho sustantivo protegido constitucionalmente, ejemplificándolo con un caso práctico.

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