Abstract
En 2003-2004 el Grupo de Estudios de Política Criminal elaboró un proyecto de reforma del sistema de penas y de su ejecución. La propuesta de este grupo de orientación progresista –integrado por profesores/as de derecho penal y jueces/zaspartía de un diagnóstico negativo del sistema punitivo en España, al que se culpaba del incremento de la tasa de encarcelamiento a partir de la implementación del Código Penal de 1995. En este artículo se exploran las razones del incremento de la población penitenciaria entre 1996-2006, se analiza la capacidad del proyecto reduccionista presentado por este grupo de invertir la tendencia y se discuten posibles objeciones a esta propuesta político-criminal.
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