Abstract
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional afirmó, en un comunicado de septiembre de 2016, titulado Policy Paper on Case Selection and Prioritisation, que su gabinete priorizará la persecución penal de crímenes cometidos por medio de, o que resulten en, inter la destrucción ambiental, la explotación ilegal de recursos naturales o la expropiación ilegal de tierras. Este comunicado fue entendido por algunos como un cambio de enfoque del Tribunal Que se convertiría en juzgado de crímenes ambientales. Este trabajo evalúa el impacto real de dicho comunicado, considerando el contexto en el que se publicó. Además, se analizará si El Tribunal puede procesar y juzgar crímenes ambientales, dentro del marco legal existente. Por útimo, se examinarán los cuatro crímenes del Estatuto de Roma, con el fin de establecer cómo la práctica de estos crímenes puede implicar daños al medio ambiente.
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