Abstract
En el 2011, el Estado mexicano llevó a cabo la reforma constitucional de los derechos humanos. Esto ha sido bien recibido por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos en todo el mundo; sin embargo, los principales desafíos de esta reforma están en cómo hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas. Trabajando en una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, analizamos hasta qué punto el estado mexicano ha garantizado los derechos humanos de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el trabajo decente para las personas pobres. Concluimos que el estado mexicano no ha podido garantizar esos derechos fundamentales, ya que su marco institucional no faculta a las personas para exigir acciones específicas del gobierno para garantizar sus derechos humanos de manera efectiva.
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