Abstract
Ecuador incorpora el derecho a la resistencia en el artículo 98 de la Carta Suprema, mediante un reconocimiento como actividad legítima que cuenta con mecanismos de aplicación como una garantía básica de justicia y plena vigencia de la Constitución. En esta investigación se proporciona un análisis sobre el alcance y contenido que se atribuye a este derecho con la finalidad de integrar el principio democrático y la seguridad jurídica. Razón por la que es necesario generar ajustes normativos desde un análisis jurisprudencial y casuístico, con la finalidad de cristalizar criterios y parámetros de actuación claros y vinculados al efectivo goce de los derechos fundamentales. Para el desarrollo del trabajo, se aplicó una investigación cualitativa, fundamentada en los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo e histórico-lógico; que permitan comprender su alcance y límites en su ejercicio. Como resultado de la investigación, se determina la deficiente regulación procesal de este derecho en la legislación ecuatoriana.
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