Abstract
Los graves hechos represivos acaecidos en las dos últimas dictaduras militares en Argentina han comprometido la constitución de diferentes comisiones investigadoras a la salida de esas dictaduras. En 1973, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe creó la Comision Bicameral Investigadora de apremios Ilegales y Tortura de la Provincia de Santa Fe. Integrada por diputados y senadoras, tenía a su cargo investigar dichos delitos ocurridos en la provincia en el periodo anterior (1966-1973), pero finalmente centró su investigación en el caso Brandazza, estudiante desaparecido en noviembre de 1972 en Rosario. En 1984, por otra parte, se creó en Santa Fe una delegación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) con el fin de investigar numerosos delitos ocurridos en la provincia en la última dictadura militar (1976-1983). Previamente, también existió -en consonancia con la nacional- la discusión sobre si esa comisión investigadora debía ser una delegación de la Conadep o una comisión bicameral legislativa. En este artículo analizamos las comisiones investigadoras como medidas características de las transiciones democráticas que tomaron los diferentes gobiernos.
Highlights
Para introducirnos en el tema es necesario analizar qué entendemos por transición democrática
Carlos Acuña y Catalina Smulovitz argumentan que la política de juzgamiento penal que caracterizó esta etapa –desde las primeras medidas del nuevo gobierno hasta el Juicio a las Juntas– no fue la diseñada por el poder ejecutivo, sino que fue la consecuencia de la articulación de un conjunto de estrategias implementadas por los distintos actores en juego, siendo uno de los protagonistas el movimiento de derechos humanos[9]
Antes de las elecciones que dieron ganador a Alfonsín, en octubre de 1983, los organismos de derechos humanos habían entregado a dirigentes de diferentes partidos un documento donde reclamaban la conformación de una comisión parlamentaria de investigación para determinar las responsabilidades en los crímenes (Clarín, 28-10-1983, citado en FRANCO, El final del silencio, p. 281)
Summary
En este artículo analizamos las comisiones investigadoras relacionadas con hechos represivos de gravedad y formadas en la provincia de Santa Fe, Argentina –que tuvieron réplicas a nivel nacional y en otras provincias–, como hechos por excelencia de las transiciones democráticas, puesto que son medidas que toman los nuevos gobiernos que atañen a la investigación de lo ocurrido en los anteriores. La transición argentina más conocida es la referida a la última dictadura militar (1976-1983) y abarca desde el periodo final de dicha dictadura a la primera etapa del gobierno democrático de Raúl. Uno de los puntos clave fue la diferenciación de la transición por colapso en la cual no hubo pacto entre las Fuerzas Armadas (FFAA) y las fuerzas políticas, sino un derrumbe del Gobierno militar. Carlos Acuña y Catalina Smulovitz argumentan que la política de juzgamiento penal que caracterizó esta etapa –desde las primeras medidas del nuevo gobierno hasta el Juicio a las Juntas– no fue la diseñada por el poder ejecutivo, sino que fue la consecuencia de la articulación de un conjunto de estrategias implementadas por los distintos actores en juego, siendo uno de los protagonistas el movimiento de derechos humanos[9]. A partir del Juicio a las Juntas en Argentina, se promovió lo que sería conocida como “Justicia Transicional”[10], aquella que se dio en respuesta de las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos en diferentes partes del mundo
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